
Las acusaciones que refrescó Lieberman en el comunicado enviado a la kehilá argentina por la conmemoración se basan en las investigaciones dirigidas por el fiscal Alberto Nismanen las que se "establece claramente y sin lugar a dobles interpretaciones, que el liderazgo iraní resultó ser el promotor de la iniciativa provocando también la ejecución" del atentado, que causó la muerte de 85 personas además de otros 300 heridos, y vuelven sobre la necesidad de la persecución y captura de los implicados en el suceso, pese a la poca colaboración que ha demostrado el gobierno iraní y las actitudes de solidaridad automática de gobiernos y funcionarios que nada tienen que ver en el caso.
La última muestra de esta reticencia persa fue la falta de resultados de las últimas diligencias hechas por Nisman, quien se reunió en Francia con enviados del gobierno de Ahmadinejad para negociar la entrega de al menos seis implicados en el caso para su enjuiciamiento, con la objeción de un particular personaje: Luis D'Elia, dirigente piquetero, que hace varios meses sostuvo una controvertida reunión con Moshen Rabani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en Argentina y uno de los prófugos.
La tensión entre Irán y Argentina comenzó luego de que se formalizara en 2006 la orden de detención internacional contra los ex funcionarios, entre los que se incluyen, además de a Rabani, al ex tercer secretario de la embajada persa y un miembro de la Guardia Revolucionaria. D'Elía, entonces subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno argentino, rechazó la acción y envió una carta a Irán en la que expresaba su solidaridad.
La reacción del gobierno argentino fue exigir la inmediata renuncia de D'Elia. Una reacción congruente con la actitud que Kirchner había mantenido hacia el caso AMIA de resolverlo a cualquier precio y así distanciarse una vez más de la ineficiencia que había caracterizado las gestiones de Menem en la materia...
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